Los chilenos hemos observado con irresponsable indiferencia durante
los últimos dos años, como prácticamente en cada mes un nuevo proyecto
de generación eléctrica enfrenta su paralización transitoria o
definitiva.
En la actualidad, conforme a la excelente información generada por la
Corporación de Bienes de Capital, CBC, existen 24 proyectos eléctricos
afectados, sea por motivos judiciales, por conflictos con las
comunidades aledañas o por dificultades en la aprobación de sus Estudios
de Impacto Ambiental, sin considerar uno que abortó definitivamente
por mera decisión presidencial.
Estos 24 proyectos poseen un potencial de generación de 12,4 GW e
involucran una inversión de US$ 22 mil millones, Ellos incluyen
centrales hidroeléctricas en Aysén, Alto Maipo, Panguiplli y Futrono,
centrales termoeléctricas entre Parinacota y Arauco y parques eólicos
en Lebu, y Ancud.
Para dimensionar la gravedad de esta situación, se debe tener
presente que las proyecciones de crecimiento de la demanda eléctrica,
indican que esta aumentará de 17 GW en la actualidad a 29 GW el 2020,
lo que sólo podría satisfacerse si todos los proyectos de generación,
sin excepción, que actualmente enfrentan dificultades que no son ni
técnicas, ni financieras, se llevan a cabo.
Si esto no ocurre, terminaremos la presente década con un
desarrollo afectado negativamente por la falta de energía. Más aún, los
primeros efectos de esta insuficiencia eléctrica a que nos acercamos
indefectiblemente, se harán presentes a partir del 2015, en sólo 3 años
más, pues es claro que antes de esa fecha no entrará en operación
ningún nueva central importante que no esté actualmente en construcción.
El problema se arrastra desde hace un largo tiempo, pues en los
pasados 15 años sólo se construyeron nuevas centrales con potencia de
9,5 GW en total. Las estadísticas de la CBC registran la ejecución en
ese período de 90 proyectos de generación eléctrica, de todo tamaño, la
mitad de los cuales se hizo para operar con gas natural proveniente de
Argentina, que luego debieron ser adaptadas para operar con petróleo y/o
gas natural licuado.
En síntesis, la matriz energética del país se ha vuelto más
contaminante durante los pasados 15 años, además de crecer integralmente
de modo muy insuficiente.
Está muy bien promover en estas circunstancias la mayor generación
posible en plantas solares y eólicas e impulsar programas agresivos de
mayor eficiencia energética a nivel nacional – y el Colegio de
Ingenieros alienta estas vías fervientemente – pero, no nos engañemos,
sus efectos sólo permitirán reducir marginalmente el déficit futuro.
Más interesante sería, si fuera políticamente factible,
acelerar la interconexión eléctrica con Perú u otro vecino, aunque
tampoco es razonable cifrar muchas expectativas en esta solución.
El Gobierno tiene una política energética basada en seis pilares
reiteradamente comunicados por el Presidente de la República, pero ello
no basta sino se suma todo el país en un “fast track” eléctrico: las
empresas con estudios más completos y proposiciones de compensación
cuando corresponda, el regulador eléctrico desarrollando todos los
reglamentos pendientes y realizando las modificaciones legales para
hacer realidad los pilares anunciados, las autoridades ambientales
actuando con sentido de urgencia para no dilatar las decisiones y, sobre
todo, los ciudadanos reaccionando con mucho realismo y generosidad – y
menos dogmatismo – para facilitar la disposición de la energía
necesaria a partir del cercano año 2015.
Fernando Agüero
Presidente del Colegio de Ingenieros de Chile A.G
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