Chile ha experimentado un crecimiento sostenido durante las pasadas tres décadas, como nunca había ocurrido en nuestra historia republicana. Basta señalar que el ingreso per-cápita se ha cuadruplicado en el período y las cuentas nacionales se han ordenado rigurosamente, de tal modo que hoy se cuenta con los recursos necesarios para aspirar alcanzar en el próximo quinquenio el nivel de país desarrollado. Subsisten sin embargo importantes deficiencias, como es la desigual distribución del ingreso, y han surgido nuevas demandas ciudadanas producto del nivel de desarrollo logrado, como son la calidad de la educación y de los servicios de salud, la seguridad personal y el acceso de nuevos sectores de la población a mejores bienes públicos. En una palabra, los chilenos aspiran a que el crecimiento nacional se traduzca pronto en una mejor calidad de vida de cada uno. Para lograrlo, nos parecen de especial relevancia los siguientes temas:
1.- Para superar los problemas actuales de alto costo potencial de la energía eléctrica en el país y las próximas dificultades de abastecimiento para los hogares y los centros de producción, es necesario tomar decisiones inmediatas para fomentar las inversiones y competencia en el sector, incluyendo los cambios regulatorios pertinentes. Es preciso facilitar el ingreso de nuevas empresas generadoras, bajando las barreras de entrada, mediante mecanismos tales como la licitación de suministro a empresas distribuidoras a largo plazo.
Se debe diversificar la matriz energética con energías renovables, conteniendo entre estas la hidroelectricidad de todos los tamaños, incluyendo la generación en Aysén, además de prepararnos efectivamente para el uso de energía nuclear en la próxima década. El fomento de la eficiencia energética debe, también, formar parte de las políticas nacionales.
Como complemento imprescindible es necesario fortalecer la seguridad y capacidad de los sistemas de transmisión, ampliando las subestaciones y construyendo oportunamente las nuevas líneas que se requieran.
2.- Las materias referidas a la calidad de la educación son una restricción determinante para llegar a constituir una sociedad equitativa y desarrollada. Las insuficiencias en la formación parvularia limitan las capacidades de aprendizaje en la educación media, lo que genera un esfuerzo adicional al sistema de educación superior, que afecta los contenidos y la duración de las carreras profesionales.
Por su grado de desarrollo, el país requerirá cada vez más de profesionales innovadores, de ingenieros y técnicos con una formación de excelencia y de buenos profesores en todas las áreas. Para ello, es preciso redestinar recursos para su formación. Actualmente el sistema de educación universitaria se inserta en un modelo de “Titulación” que habilita al profesional para ejercer toda su vida, situación que se contrapone con la tendencia mundial de certificación de competencias habilitantes en forma periódica, dada la velocidad del cambio en el conocimiento, la tecnología y la cultura. Esta situación debe ser seriamente evaluada para Chile.
3. Es necesario retomar cuanto antes el objetivo de superávit estructural en el presupuesto público, alterado a raíz del gran terremoto del 27 de febrero de 2010, para otorgar estabilidad en el largo plazo a la economía nacional. El país requiere de una situación fiscal sólida para hacer frente a amenazas sobrevinientes por crisis financieras externas o por catástrofes naturales internas y, especialmente, para avanzar sin retrocesos en el mejoramiento de la calidad de la educación en todos los niveles, fortalecer la infraestructura vial urbana y de hospitales, cárceles y aeroportuaria, a la vez que atender a mayores gastos en salud y atención de ancianos. Además, las desigualdades de ingreso en nuestra sociedad generan una demanda constante de recursos asistenciales. En períodos de buen crecimiento el superávit fiscal debiera ser mayor, mientras que en momentos de debilidad económica podría convertirse en un déficit transitorio, apuntando a un resultado de superávit en el promedio del ciclo. De este modo, la política fiscal contribuiría efectivamente a lograr un desarrollo sostenido a lo largo del tiempo.
4- La infraestructura en las ciudades no ha avanzado a la par con el crecimiento y los requerimientos de la población. Es urgente considerar que el desarrollo urbano tiende naturalmente a ser inorgánico y caótico, por lo que se debe abordar la planificación adecuada de las ciudades con políticas públicas coherentes y consecuentes con una política de estado sobre Planificación Urbana, conducente a mejorar la calidad de vida de las personas y tener en el mediano plazo ciudades sustentables. En especial, se deben corregir los problemas de segregación social que se presentan en la periferia de prácticamente todas las ciudades y las increíbles dificultades de tránsito que afectan a la mayoría se los centros urbanos a lo largo del país. Se deben asegurar condiciones de conectividad e interrelación con el entorno y generar programas que permitan la interconexión de espacios públicos de manera de facilitar el acceso de toda la población a buenos centros de salud, de educación, de servicios públicos y a parques y áreas verdes.
5.- La disponibilidad segura de agua dulce apropiada para la población y los procesos productivos constituye un elemento estratégico para el desarrollo social y económico futuro. En las cuencas del Rapel hasta el extremo norte del país los recursos de agua dulce -superficial y subterránea se encuentran prácticamente agotados, e igual ocurre con las situadas del Maule al norte en los períodos cada vez más frecuentes de sequía. Es así que las demandas futuras de agua en todas las cuencas del centro sur hasta el extremo norte de Chile deberán ser abastecidas mediante la optimización de los actuales usos y recursos, la reutilización de las aguas no consumidas, la construcción de embalses de regulación, recargas de acuíferos y desalinización de agua de mar.
Para planificar e implementar oportunamente estas acciones, resulta necesario y urgente modernizar la institucionalidad pública y privada y el Código de Aguas, para permitir una adecuada gobernabilidad de las cuencas, focalizando en la función pública las herramientas de planificación y tutela del agua como un bien público y en las entidades privadas la representación organizada de los usuarios.
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Los Ingenieros estimamos que atendidas las cinco materias señaladas, puede lograrse el deseado tránsito a país desarrollado en un plazo razonable, con beneficios claros para toda la población. Para ello comprometemos nuestros mejores esfuerzos y nos ponemos a disposición de las autoridades para colaborar en el logro de estas altas metas. Como testimonio de ello, ponemos desde ya a disposición de todas las candidaturas el Proyecto País elaborado por nuestro Colegio y actualizado periódicamente.
Fernando Agüero G.
PRESIDENTE CONSEJO NACIONAL
COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G.
