Las
interrupciones de servicio eléctrico experimentadas en esta temporada invernal,
en particular, aunque no exclusivamente las del pasado 15 de Julio, han puesto
de manifiesto diversas falencias relacionadas tanto con el servicio prestado
por las empresas distribuidoras, como con el marco normativo que lo regula, lo
que ha puesto en evidencia una fragilidad del servicio eléctrico que ha
afectado no sólo a la Región Metropolitana, sino que también, y con cierta regularidad,
a otras zonas del país.
En este
contexto creemos importante destacar los siguientes aspectos:
Es innegable,
e indelegable, la responsabilidad de las empresas en la entrega del servicio
que de ellas es requerido y al que se han comprometido, con los estándares de
calidad y seguridad que la ciudadanía, y las diversas actividades del País merecen.
Esto se encuentra resguardado en la reglamentación actual, que define un máximo
de interrupciones de servicio, el que fue claramente superado en los últimos
eventos. Por lo mismo es necesario hacer presente que en las recientes
interrupciones del servicio en áreas de la Región Metropolitana, ha quedado de
manifiesto que no se ha cumplido a cabalidad con un mantenimiento preventivo y
correctivo de altos estándares -requeridos para el cumplimiento de la normas
técnicas- de las instalaciones de distribución. Lo anterior se hace
extensivo también a situaciones similares de interrupción experimentadas en
otras regiones del país.
Por otra
parte, existen responsabilidades de los organismos reguladores y
fiscalizadores, fundamentalmente por no elaborar y aplicar de manera proactiva,
una normativa que coloque los incentivos y sanciones adecuadas para asegurar la
calidad del servicio eléctrico. Esto ha derivado en la falta de atribuciones de
la SEC, acompañado de una confianza excesiva en el actuar de las empresas y en
una normativa cuyas sanciones no entregan señales contundentes respecto a lo
esperado de la calidad del servicio comprometido, perdiendo así, en la
práctica, el carácter disuasivo que debieran tener.
Para el
Colegio de Ingenieros de Chile, el sentido final de la regulación y del actuar
de todos los actores involucrados en este mercado, debe ser asegurar que la
ciudadanía pueda disponer de un servicio eléctrico confiable, de buena calidad
y a un precio justo, que le permita una estándar de vida adecuada y segura a
los ciudadanos, en particular a los electro-dependientes, y un sistema seguro y
confiable para nuestra matriz productiva.
Por lo mismo valoramos
que hoy se esté trabajando en la modificación del marco normativo que regula la
distribución eléctrica. Creemos que dicha regulación debe transitar hacia una
donde lo más relevante sea la calidad de servicio, con resguardo de estándares
de calidad y seguridad rigurosos, y con un esquema de compensaciones a la
ciudadanía que genere los incentivos a evitar malas prácticas de parte de las
empresas del sector. Lo anterior también debe ir acompañado de mecanismos que
permitan compensar a aquellas actividades productivas que se vean afectadas por
los cortes del suministro.
Para que lo
anterior sea una realidad al momento de ser implementado, es importante además
reforzar la institucionalidad encargada de fiscalizar, dotándola del personal y
de la complejidad necesarias, tanto en lo material como en los mecanismos
legales necesarios para desarrollar su labor.
Finalmente es claro que la disponibilidad del
suministro eléctrico no puede llegar al 100% y que siempre se tendrá que
considerar una cantidad de horas anuales en que no exista la posibilidad de no
disponer de él, por lo que la ciudadanía debe estar consciente de ello y preparada
para enfrentar esa situación. En este sentido cabe destacar que la actual
política energética del Estado al 2050 está orientada a lograr un mínimo
de horas de indisponibilidad en los próximos años, compatible con nuestro
desarrollo económico y con los más altos estándares a nivel mundial.
Comisión de Energía
Colegio de Ingenieros de Chile A.G.
