Parece increíble que a 10 años de la promulgación de la
Ley 19.880 de Procedimientos Administrativos, aún estemos viendo masas de personas
solicitando un certificado que acredite y de fe de un registro público.
Sería entendible que por procedimiento el sector privado
exija documentos a sus clientes para entregar ciertos productos o servicios
como una cuenta corriente, una tarjeta de crédito, vender un auto o educar a
nuestros hijos.
Lo incomprensible es que después de un decenio, aún el
Registro Civil siga con más de 21 millones de tramitaciones presenciales al año
¿quién resiste ese estrés? La sobrecarga es enorme. En promedio cada funcionario
público tiene asociado 7.500 trámites al año ¿cuántos tiene el empleado de un
banco? ¿2.000?¿3.000?
Considerando la población a 2003 y la
proyección del INE para 2013, no ha cambiado el promedio nacional de 1.2 trámites
por persona del Registro Civil ¿No se suponía que la Ley 19.880 simplificaría y
modernizaría los trámites?
El desarrollo del país exige un Estado
más ágil y oportuno. Es imperativo que nuestras autoridades se esmeren aún más
por el cumplimiento de una Ley en la que todos los sabían que el beneficio era
enorme. La discusión presupuestaria debería girar en torno al apoyo de
iniciativas que aumenten el bienestar nacional. Y si ello se traduce en que el
país deje de perder el tiempo haciendo filas ¡Bienvenido!
Cristian Ocaña
Presidente Consejo Especialidad Computación e Informática
Colegio de Ingenieros de Chile
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